POR FERNANDO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Despierta suspicacia el sometimiento de un proyecto de ley que obliga al presidente de la República a designar a civiles en las posiciones de ministro y viceministros de Defensa, decisión, hasta ahora, opcional para el Jefe de Estado.
El recelo es mayor porque el Ministerio de Interior y Policía es dirigido por un alto dirigente político del PLD, y la DNI por un almirante retirado que ha incursionado públicamente en temas políticos.
Son los casos de Carlos Amarante Baret, quien después de una desastrosa gestión en el Ministerio de Educación, pasó a dirigir a Interior y Policía, y del almirante retirado, Sigfrido Pared Pérez, hermano del secretario general del PLD.
Parecería que el partido oficial necesita también que la institución de mayor mando que aglutina a los organismos armados del país, pase a ser dirigido por un miembro de su Comité Político.
El proyecto de ley que busca modificar el artículo 32 de la Ley Orgánica 139-13 de las Fuerzas Armadas, fue sometido a la cámara alta por los senadores peledeístas, Julio César Valentín y Amarilis Santana, y el perremeista Santiago Zorrilla.
Lo que pierden de vista los proponentes es que nuestro país tiene tradiciones y cultura que hacen difícil que un civil dirija a los institutos armados de la República, función conferida exclusivamente al presidente por su condición de Comandante en Jefe de la FF.AA. y la P.N.
Es un tema escabroso que quizás busca distraer la atención pública, concentrada en asuntos de transcendencia como el alto índice de criminalidad, corrupción e impunidad que sacuden al país, pero de todas formas hay que estar alerta ante la peligrosa propuesta.
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