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| POR FERNANDO RODRÍGUEZ CÉSPEDES |
El festival de préstamos aprobados por las cámaras legislativas para financiar los contratos mafiosos con la Odebrecht y operaciones como la compra de los Súper Tucano, deben constituir, per se, un expediente para la Procuraduría General de la República.
Si a esto sumamos la cantidad de adendas ilegales que se aprobaron alegremente al punto de duplicar el costo original de muchas de las obras presupuestadas, es razón más que suficiente para sometimientos judiciales.
Quienes participaron en estas irregularidades, deben responder ante la justicia, dado el daño ocasionado al país lo que se refleja en una deuda externa excesiva y en las carencias que padece el pueblo, pese al cacareado crecimiento económico.
Da vergüenza ver los videos de las sesiones de las cámaras legislativas en las que se conocieron muchos de estos préstamos. El cinismo, la arrogancia y la desvergüenza campearon por sus fueros.
El lunes pasado, en el programa de Nuria, se vio al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, dirigiendo lo que parecía un mercado o un salón de subastas, riendo burlonamente, mientras exhortaba a los “honorables” a aprobar los préstamos.
En otro video que circula en las redes, se aprecia al presidente de la Cámara alta, Reinaldo Pared Pérez, agilizando el conocimiento del proyecto de compra de los Súper Tucano con el coro altisonante de personeros como el senador reformista Prim Pujals.
Muchos miembros de las cámaras legislativas fueron piezas claves, desde las comisiones de financias y las presidencias, de operaciones económicas perniciosas para el país, aunque no así para ellos y sus asociados, por lo que deben ser investigados por la Procuraduría General de la República.
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